Costa Rica: NO al cobro tributario sin sentencia firme

Declararon inconstitucional el artículo del código tributario que permitía a Tributación exigir el pago de multas e intereses de tributos supuestamente adeudados antes de poder ejercer el derecho a la defensa.

Jueves 1 de Setiembre de 2016

La lentitud e ineficiencia con que Tributación procesa los litigios tributarios, que implicaba a veces hasta decenas de años para su resolución, generó la peregrina idea en los legisladores de poner la carreta delante de los bueyes.  Para resolver el problema de la evasión contumaz que se aprovechaba de esa ineficiencia de Tributación, decidieron quitar a las empresas el derecho a contestar los resultados de las auditorías fiscales, obligando al contribuyente a pagar las sumas decretadas por esas auditorias, en el plazo perentorio de un mes, para recién entonces poder iniciar el cuestionamiento formal de esos resultados.  Ahora, la Corte Suprema de Costa Rica quitó a Tributación esa potestad, declarándola inconstitucional.

Ver artículo de Nacion.com Los cobros de Hacienda

Del comunicado de la Sala Constitucional:

Por sentencia número 2016-12496 de las 16:15 horas del 31 de agosto 2016, la Sala Constitucional, por unanimidad y por razones diferentes, anuló por inconstitucionales los artículos 144 y 192 del Código de Normas de Procedimientos Tributarios, reformados por la Ley N° 9069 de 10 de septiembre de 2012, Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria, así como los artículos 182 y 183 del Reglamento de Procedimiento Tributario (Decreto Ejecutivo No. 38277-H de 7 de marzo de 2014 y sus reformas).

 Específicamente, en el caso del ordinal 182 del Reglamento de Procedimiento Tributario, se anularon tanto la versión vigente, según reforma efectuada por Decreto Ejecutivo N° 39673 de 28 de enero de 2016, como la versión anterior a esa reforma, por los efectos inconstitucionales que pudo haber producido. La inconstitucionalidad se extiende, por conexidad, a todas las directrices o instrucciones generales de la administración tributaria, dirigidas a los contribuyentes, que tienen cobertura en las normas que ahora se declaran inconstitucionales.

Se declaran sin lugar también, por unanimidad y por razones separadas las acciones de inconstitucionalidad respecto de los numerales 145 y 182 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios y 67 del Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección General de Tributación Directa. Esta declaratoria de inconstitucionalidad tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de entrada en vigencia de las normas que se declaran inconstitucionales, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe, relaciones y situaciones jurídicas consolidadas por virtud de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada material, prescripción, caducidad, consumación de los hechos por ser material o técnicamente irreversibles. Para evitar que se produzcan graves dislocaciones de la seguridad, la justicia, la paz social y del sistema tributario, ante la anulación de los ordinales 144 y 192 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, se deja en vigor la versión de esas normas, vigente al momento inmediato anterior a la entrada en rigor de la Ley No. 9069 de 10 de septiembre de 2012, Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria. El Magistrado Rueda Leal, además declaró inconstitucional el artículo 153 del Reglamento de Procedimiento Tributario. Los Magistrados Cruz Castro y Salazar Alvarado ponen notas separadas.-

Asimismo, se indica que, con esta declaración de inconstitucionalidad, quedan en vigencia las normativas anteriores a las reformas efectuadas.

La Sala estuvo integrada por el Magistrado Ernesto Jinesta Lobo, quien presidió, y los Magistrados Fernando Cruz Castro, Fernando Castillo Víquez, Paul Rueda Leal, Nancy Hernández López, Luis Fdo. Salazar Alvarado, como ponente y José Paulino Hernández Gutiérrez.

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