Costa Rica: ¿Más deuda para controlar el gasto?

Costa Rica "fortalecerá su sostenibilidad fiscal, por medio del control del gasto y la modernización del sistema tributario con un crédito de US$350 millones aprobado por el BID".

Miércoles 3 de Julio de 2019

En medio de la polémica que ha generado la implementación de la reforma fiscal en Costa Rica, anunciaron la aprobación de un crédito por $350 millones para "apoyar al país en la implementación de su programa de reformas fiscales".

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Del comunicado del BID:

Costa Rica fortalecerá su sostenibilidad fiscal, por medio del control del gasto y la modernización del sistema tributario con un crédito de US$350 millones aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esta es la primera de dos operaciones bajo la modalidad de Préstamo Programático de Apoyo a Reformas de Política.

El objetivo del proyecto es aprobar instrumentos legales de política y gestión fiscal que refuercen la sostenibilidad y la eficiencia, tanto por el lado del gasto como por el lado de los ingresos. Esto incluirá la aprobación de una regla fiscal (Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas) para el control del gasto y una propuesta de diseño de un Consejo Fiscal Independiente.

Los recursos serán utilizados para apoyar al país en la implementación de su programa de reformas fiscales, encaminado a mejorar la eficiencia en la gestión del gasto público (empleo y reforma administrativa), la efectividad del marco institucional macrofiscal y la gestión del sistema tributario del país.

En cuanto a la modernización del diseño y gestión del sistema tributario, se relaciona con la aprobación de la reforma tributaria que comprende la creación de un Impuesto al Valor Agregado (IVA) que incluye servicios y mayor progresividad en el impuesto sobre la renta y la puesta en marcha de la factura electrónica para los grandes contribuyentes. En el área de la gestión del gasto público se presentará a la Asamblea Legislativa un proyecto de Ley de Empleo Público, medidas de control del gasto y la designación del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica como organismo rector y coordinador para la reforma administrativa.

Se espera que el proyecto tenga un impacto de rendimiento a mediano plazo estimado en un 3,8 por ciento del PIB para el año 2023, integrado por 1,7 por ciento por mayores ingresos impositivos, y ahorros por racionalización del gasto corriente de 2,1 por ciento, contribuyendo a la mejora del balance primario del Gobierno Central sobre el PIB que se estima pasará de -2,3 por ciento del PIB en 2018 a +0,6 por ciento en 2023.

El crédito del BID de US$350 millones, tiene un plazo de amortización de 20 años, un período de gracia de cinco años y medio y una tasa basada en LIBOR.



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