Incentivo a la informalidad

Con la propuesta de modificar la prohibición que hoy existe para la venta ambulante de alimentos, "el gobierno de Costa Rica pretende legalizar la informalidad con un discurso populista y sin sentido".

Viernes 8 de Setiembre de 2017

El Ministerio de Salud presentó un proyecto de ley que modifica la Ley General de Salud, con lo cual permitiría la venta de frutas, alimentos empacados, preparados o para calentar y comer in situ, lo cual "... representa un retroceso a la institucionalidad del país y un ataque directo en contra de los comerciantes formales que cumplen con todas las obligaciones legales para operar."

Del comunicado de la Cámara de Comercio de Costa Rica:

La iniciativa del Ministerio de Salud que pretende variar la prohibición que hoy existe para la venta de comida de manera ambulante, permitiría la venta de frutas, alimentos empacados, preparados o para calentar y comer in situ, lo cual representa un retroceso a la institucionalidad del país y un ataque directo en contra de los comerciantes formales que cumplen con todas las obligaciones legales para operar.

Con este proyecto de ley, el Gobierno pretende legalizar la informalidad con un discurso populista y sin sentido, amparado a la necesidad de generar empleo, cuando lo necesario es atacar toda actividad ilegal que constituye una amenaza para la estabilidad social costarricense. Los más de 900 mil trabajadores que hoy día operan en la informalidad, parecen no ser suficientes para el Ejecutivo.

Con esta decisión tan torpe, se multiplicarán las ventas callejeras, alterando el orden público y poniendo a disposición de la población alimentos sin ningún tipo de control sanitario, que pondrían en riesgo la salud de los costarricenses. Legalizar toda venta de comida en las calles, es una propuesta irresponsable del Ministerio de Salud para eludir su obligación de realizar vigilancia en el mercado, ante la falta de capacidad institucional.

Por si no fuera suficiente, ante la consulta de los diputados, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), señaló que “no tiene ninguna observación que realizar a este proyecto de Ley propuesto”, ignorando la responsabilidad que le compete en materia de defensa del comercio formal y de los consumidores.

Por ello, la Cámara de Comercio de Costa Rica se opone en su totalidad al proyecto de ley en cuestión. Asimismo, se pone a disposición del Gobierno y de los señores diputados, para generar iniciativas que tengan como fin promover el comercio formal y la generación de empleo.



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