Costa Rica: Impulsan reformas a sistema electoral

Proponen cambiar las reglas de elección de los diputados para que la mayoría sean electos en distritos electorales, porque ello los legitimará de cara a sus comunidades.

Miércoles 10 de Octubre de 2012

Un grupo de ciudadanos costarricenses comenzó a actuar bajo la premisa de que el "sistema político costarricense se está debilitando", y es necesario renovarlo.

De lo expresado en "Nuestra posición", en el portal web del movimiento "Poder Ciudadano ¡Ya!:

"Nuestra posición frente al proyecto es crítica y constructiva. Lo hemos tomado como punto de partida para lanzar esta iniciativa ciudadana que promueva las reformas constitucionales y legales que consideramos necesarias para el buen funcionamiento del Poder Legislativo. Nuestro objetivo principal no es que el proyecto 18331 sea aprobado en la Asamblea Legislativa tal y como está, sino que sea debatido a fondo como primer paso para que se diseñe y se implemente el mejor sistema para el contexto actual. Pretendemos que sea la puerta para que el tema de las reformas al Poder Legislativo, al mecanismo de elección de los diputados y al funcionamiento de la Asamblea Legislativa, sea asumido como PRIORIDAD en la Agenda legislativa.

Nuestra intención es también que todos los ciudadanos estén informados sobre este tema medular para la democracia costarricense y que participen activamente con sus opiniones y con su apoyo. La democracia necesita de ciudadanos activos que ejerzan su poder responsablemente.

Estamos de acuerdo en que la mayoría de los diputados sean electos en distritos electorales, porque ello los legitimará de cara a sus comunidades, porque las comunidades podrán conocer mejor a los candidatos, indagar sobre sus antecedentes y su trayectoria, fomentará el debate democrático entre los distintos candidatos y posibilitará que las comunidades los interroguen sobre sus planes en caso de alcanzar la diputación. Sin embargo consideramos que lo esencial es que esta y otras opciones sean analizadas concienzudamente y debatidas a fondo, hasta definir cuál es el mecanismo más representativo.

Estamos de acuerdo en que haya un grupo de candidatos que sean elegidos a nivel nacional, mediante el sistema de representación proporcional, para que este grupo lleve a la Asamblea una visión-país de la cual podrían carecer muchos diputados elegidos en distritos electorales, que lógicamente tratarán de obtener beneficios para el distrito que representan. El Proyecto procura así un sano equilibrio.

Estamos de acuerdo en que en la elección de los quince diputados nacionales se permita ejercer el voto preferente porque fortalece la rendición de cuentas y la representatividad de las diferentes tendencias políticas y nos da a los votantes un mayor poder de elección.

Estamos de acuerdo en que los diputados sean reelectos en forma sucesiva, para que el electorado –que entonces si elegiría, y no como ahora que endosa listas cerradas- pueda así conservar a los buenos diputados y desechar a los malos. Sin embargo, no estamos de acuerdo en que tal reelección sea ilimitada. La clase política no va a cambiar de repente porque se implante la reforma. Tomará tiempo para que dicha reforma produzca resultados y solo entonces se verá la conveniencia de que la reelección sucesiva sea ilimitada, instaurando así la carrera parlamentaria.

Estamos de acuerdo en que el electorado pueda remover mediante consulta popular a aquellos diputados cuyo trabajo desmerezca frente a las expectativas del electorado, o a aquellos que se conduzcan mal en el ejercicio de su labor parlamentaria.

Estamos de acuerdo en que se instaure el registro de votación de los diputados, para que los electores conozcamos cuál es la posición de cada legislador en las votaciones de cada uno de los proyectos de ley. Esto fomenta la transparencia, la responsabilidad y permite a los electores tomar decisiones informadas a la hora de escoger a futuros candidatos a diputados.

No estamos de acuerdo en que baste un periodo de residencia de un año en un Distrito Electoral para poder aspirar a una diputación. El concepto mismo de representación de la comunidad en la Asamblea exige una compenetración mayor con la vida comunitaria que la que se consigue con solo un año de convivencia. Creemos que ese período debe extenderse a dos o tres años.

No estamos de acuerdo en que se exija a los candidatos a diputados nacionales un título universitario. En primer lugar, porque posiblemente tal restricción no resistiría una impugnación ante la Sala Constitucional. En segundo lugar, porque connotadas figuras políticas, que han ocupado inclusive el solio presidencial, no han tenido tal título, lo cual no les ha impedido hacer valiosísimos aportes al país.

Estamos de acuerdo en que la remuneración de los diputados sea acorde con las altas responsabilidades que conlleva el cargo, todo dentro de una escala que contemple el nivel de ingresos del país, aún muy pobre, así como otros cargos de la Administración. No estamos de acuerdo en que dicha remuneración sea fijada por la Contraloría General, ya que sus responsables son nombrados por la Asamblea, lo cual puede dar lugar a un conflicto de intereses, en el cual solo puede perder la Contraloría General.

Estamos de acuerdo en que para sesionar la Asamblea solo requiera de una mayoría simple de sus miembros, ya que el trabajo parlamentario se hace realmente fuera del recinto de sesiones, y la concurrencia a los debates a veces estériles y cansados, no necesariamente corresponde al aporte a dicha labor. Sin embargo, en muchas democracias modernas ni siquiera se exige un mínimo de quórum para las sesiones, sino únicamente para las votaciones; consideramos que este tema también debe ser debatido a fondo.

No creemos que sea posible debatir esta importante propuesta sin que, conjuntamente con ella, se debatan las reformas complementarias al Código Electoral. En particular, para que la elección por Distrito Electoral rinda los frutos que se pretenden, el financiamiento de las campañas debe sufrir importantes cambios. Hoy pesan graves acusaciones, originadas en el TSE que inclusive han desbordado a la Fiscalía, por fraudes cometidos por varios partidos políticos para apropiarse de fondos públicos que en realidad no les pertenecen porque o bien no fueron utilizados o lo fueron de manera contraria a la ley. Eso debe acabar. También debe acabar que la deuda política valga lo que digan las encuestas, cosa que es una grave cortapisa a la libertad electoral que precisamente busca el financiamiento que el Estado debe aportar por ley a los partidos políticos. La deuda política, a los niveles hoy prevalecientes, constituye un gran despilfarro que el país ni merece ni puede pagar. Hay mucha fanfarria y poco debate de ideas."

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