Costa Rica: Barreras a nuevos servicios de transporte

El proyecto de reglamento puesto en consulta es proteccionista de los concesionarios actuales de los servicios de transporte público, limitando la entrada de nuevos y potenciales oferentes en ese mercado.

Miércoles 9 de Enero de 2013

Del Boletín de la Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM):

COPROCOM se opone al Reglamento para la Explotación de Servicios Especiales de Transporte Automotor de Personas.

La Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM) emitió criterio técnico sobre el “Reglamento para la Explotación de Servicios Especiales de Transporte Automotor de Personas”, documento en consulta pública por parte del Consejo de Transporte Público del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

El objetivo del reglamento es regular la explotación de servicios especiales de transporte remunerado de personas, en vehículos colectivos dentro del territorio nacional, sin embargo, la COPROCOM considera que el reglamento combina de manera inapropiada dos esquemas de transporte diferentes entre sí, que obedecen a una naturaleza y finalidad distinta cada uno de ellos.

Por una parte, el tradicional transporte público remunerado de personas, que en la práctica es llevado a cabo por los concesionarios y que obedece a una satisfacción de una necesidad y demanda colectiva, ofrecida al público en general y que por lo tanto, debe responder a una regulación especial y sectorial, tanto en aspectos jurídicos como técnicos en la prestación de dicho servicio público.

Por otro lado, el esquema de transporte denominado especial y que de manera incorrecta el proyecto en cuestión intenta regular bajo los mismos principios del primero. En esta modalidad de transporte especial, que incluye entre otros el transporte de estudiantes de educación preescolar, primaria, secundaria, satisface una necesidad y realidad colectiva y específica de transporte que dista en todo sentido del ofertado por los prestatarios de los servicios regulares del transporte público remunerado de personas, no estando en ese sentido dirigido al usuario en general en forma individual. Se trata de una modalidad de transporte que reviste en esencia una naturaleza inmersa dentro del ámbito del derecho privado, existiendo así, toda una esfera de contratación privada entre partes, las cuales por acuerdo mutuo establecerán los elementos fundamentales del contrato, tales como, las condiciones y el precio de lo pactado, existiendo plena libertad contractual.

La COPROCOM opina que existe una contradicción en los principios generales del borrador de reglamento, por lo que debe replantearse la propuesta con un marco jurídico adecuado que se ajuste a la realidad del servicio especial que se pretende regular y reconociendo que los usuarios o destinatarios finales de esta modalidad de transporte son el elemento principal de todo el proceso y no el servicio público concesionado.

El ámbito de la regulación de los servicios especiales debe circunscribirse a garantizar la seguridad del usuario, mediante el establecimiento de requisitos técnicos a las unidades de transporte y a los choferes, la exigencia de un seguro para pasajeros, así como de manera conexa, al cumplimiento de las obligaciones tributarias y de seguridad social por parte del permisionario.

No obstante, el proyecto de reglamento tiene un efecto altamente proteccionista de los concesionarios actuales de los servicios de transporte público remunerado de personas, privilegiándolos y cerrando en gran medida la posibilidad de prestación del servicio especial de transporte por parte de los actuales prestadores de dicho servicio, así como limitando la entrada de nuevos y potenciales oferentes en ese mercado.

Resultan inaceptables y deben ser suprimidas las barreras de entrada artificiales que se imponen en el proyecto de reglamento, que resultan en requisitos o trámites innecesarios y que contravienen los alcances de la Leyes Nº 7472 y Nº 8220 Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites, tales como:
-a. Que en el trámite de otorgamiento del permiso especial respectivo, se pretenda dar audiencia a los operadores de las rutas regulares que se consideren directamente afectados. Resulta obvio que en general se opondrán al otorgamiento del permiso, y sólo requerirán demostrar que la demanda se encuentra servida por una o más rutas regulares, aunque el servicio que se ofrezca no sea el que requiera el usuario.
-b. Que se exija un “estudio de factibilidad económico -- financiero y operacional” para el otorgamiento de los permisos especiales estables. Lo anterior por cuanto es un requisito excesivo e innecesario que constituye una clara y evidente barrera de entrada, que invade la esfera del principio de libertad de empresa o de comercio previsto constitucionalmente y en nada favorece la creación de un clima de sana y libre competencia.
-c. Que se deba mantener una “Bitácora de Servicio”, lo que no encuentra justificación alguna en la propuesta, ni razón técnica que la ampare, desconociéndose cuáles son sus objetivos concretos.

La COPROCOM considera que la normativa propuesta debería favorecer o generar la apertura de un sistema de competencia y libre concurrencia, toda vez que en un sistema abierto de sana competencia, con mayor número de prestadores del servicio, los usuarios del transporte especial ---que son en síntesis el fin del servicio--- se verían favorecidos al contar con un mayor número de opciones que les permitan discriminar en cuanto a calidad y precio por el servicio ofrecido.



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