Controles fitosanitarios: Discrecionalidad y abusos

El sector empresarial en Nicaragua opina que la iniciativa de ley que se discute en la Asamblea, la cual faculta al gobierno para multar a productores agropecuarios en caso de que no cumplan con las normas fitosanitarias que se aprueben, tiene excesiva discrecionalidad.

Viernes 6 de Marzo de 2020

Días atrás se presentó ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley denominado "Ley de Protección Fitosanitaria", marco legal que faculta al Instituto de Protección y Sanidad (IPSA) a imponer sanciones que oscilarían entre $100 y $700, a cualquier productor que no cumpla con los requisitos al momentos de que el gobierno realice una inspección.

Según la Asamblea Nacional, luego que el 4 de marzo se llevara a cabo una jornada de consultas con los sectores agrícolas, forestales, exportadores e importadores, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales conjuntamente con la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto dictaminaron favorablemente la Iniciativa de Ley de Protección Fitosanitaria.

Guillermo Jacoby, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, dijo a Laprensa.com.ni que "... 'La iniciativa es totalmente arbitraria en todos los sentidos, y el problema de la multa que se establece es que la dejan a discreción del IPSA, de la persona que realice la inspección, entonces cuando esas multas son discrecionales, la discrecionalidad va de la mano con la corrupción, pero además son multas elevadas'."

Según el artículo 78 el proyecto de ley, cuando se comercialice plantas o artículos reglamentados que se encuentren infectados con alguna plaga, incumplir los requisitos fitosanitarios, o por no declarar el ingreso al territorio nacional de productos de riesgo sanitario, "... Serán sancionados con multas de $5.001 a $7.000 ... o con suspensión definitiva del registro o cierre definitivo del establecimiento."

El 5 de marzo el Consejo Superior de la Empresa Privad se refirió al tema mediante un comunicado, asegurando que el proyecto planteado tiene excesiva discrecionalidad, pues el "... IPSA no puede convertirse en juez y parte en relación con presentar denuncias 'ante la autoridad competente, por la probable existencia de un delito'. La iniciativa, deja al reglamento y por tanto a discreción del Ejecutivo, la organización, estructura y funciones del Consejo Fitosanitario, que podrían ser modificados en cualquier momento. Además, no existe claridad de cuáles son los criterios que se van a utilizar para determinar terceros autorizados, en vista que no están sujetos a una reglamentación que permita la presentación de dichos servicios."



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