Aunque la administración Alvarado dio marcha atrás a la propuesta inicial para solicitar al FMI $1.750 millones en financiamiento y convocó a un diálogo intersectorial, Costa Rica se encuentra semiparalizada por los bloqueos que se realizan en diversas vías del país.
Para acceder al crédito de $1.750 millones que pretende solicitar al FMI, el gobierno de Costa Rica proponía gravar las transacciones financieras, aumentar el impuesto a las utilidades de empresas y personas, e incrementar el impuesto a los bienes inmuebles.
Con el objetivo de manifestarse en contra de las negociaciones con el FMI, días atrás se comenzaron a realizar múltiples bloqueos que impidieron la libre circulación de los vehículos.
Ante el descontento evidenciado en las protestas, el 4 de octubre el presidente Carlos Alvarado convocó a un diálogo nacional y anunció que no seguirá adelante con la propuesta inicial planteada al FMI.
Atendiendo el llamado de partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, así como de las cooperativas, los sindicatos, los empresarios, sector agropecuario, solidaristas, la academia y sectores religiosos, el mandatario hizo este domingo una convocatoria a los distintos sectores que respaldan las vías institucionales para que se abra un diálogo nacional para resolver la emergencia económica que afronta el país, explica el comunicado difundido por la Presidencia de la República.
Para la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) el mandatario debe indicar de manera inmediata dónde y cuándo es la cita para construir una propuesta balanceada y crear las bases para la estabilidad económica y social que el país necesita.
La UCCAEP condenó los llamados a la desobediencia civil y los bloqueos, y afirmó que el diálogo es urgente, debe ser sincero, serio y efectivo. Para ello, también, se debe contar con interlocutores válidos y facilitadores imparciales que lo garanticen.
Durante la mañana del 5 de octubre se reportaron al menos 30 bloqueos bloqueos activos en todo el país.
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Ante el acuerdo alcanzado por la administración Alvarado y el FMI para que Costa Rica acceda a un préstamo por $1.750 millones, el sector empresarial pide que se reduzca el gasto público y que se informe detalladamente sobre los alcances de lo suscrito por ambas partes.
En un intento por aliviar la crisis fiscal y económica por la que atraviesa el país, el año pasado la administración Alvarado comenzó las gestiones para acceder a un préstamo por $1.750 millones que será solicitado al Fondo Monetario Internacional (FMI).
El gobierno costarricense se enfrenta a un complejo escenario, pues al no lograr consensos para acceder a préstamos internacionales, se verá obligado a buscar fuentes de financiamiento internas, lo que presionaría al alza el tipo de cambio y las tasas de interés.
La crisis económica que atraviesa el país a causa del brote de covid19 terminó por agudizar la situación fiscal del país.
Luego de que en Costa Rica la UCCAEP comenzara a negociar el levantamiento de los bloqueos con el grupo autodenominado Rescate Nacional, promotor de las protestas, varias cámaras empresariales se distanciaron de esa decisión y otras han manifestado su apoyo.
Ante el caos que se vive en Costa Rica a causa de las manifestaciones y bloqueos, una parte del sector empresarial decidió, de forma unilateral, sentarse a negociar con representantes del movimiento que incita a protestar, y rechazar la convocatoria oficial planteada por el Presidente de la República.