A criterio de la Municipalidad de Abangares, en la Provincia de Puntarenas, la cementera mantenía una deuda por impuestos a la extracción de una cantera, que alcanzaba a los $10 millones.

Dentro de las acciones solicitadas por la Municipalidad estaba la petición ante el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, para la anulación de la concesión a Cemex.

"Adicionalmente, las acciones incluían dos procesos ejecutivos simples en juzgados de Hacienda para cobrar el impuesto, multas e intereses. Cemex, por su parte, presentó dos demandas por la vía contenciosa y un par de recursos denominados especial tributario. Además, para impedir que el municipio embargue bienes de la empresa, la cementera depositó garantías bancarias por casi ¢10.000 millones ($10 millones) a la espera de que un juez determine qué procede.", reseña el artículo de Elfinancierocr.com

Fuente: elfinancierocr.com

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