Café: Crece rechazo a proyecto de ley

En Costa Rica el sector empresarial se opone a una propuesta de ley que otorga al Icafé la potestad de imponer requisitos y controles en los procesos de abastecimiento de la materia prima necesaria para la producción del grano.

Martes 18 de Febrero de 2020

Desde el inicios del año se anunció que para el periodo actual la Asamblea Legislativa prevé discutir el proyecto de ley 21.163, que tiene como objetivo transformar las potestades del Instituto Costarricense del Café (Icafé). En ese momento, grupos de tostadores de café y representantes de industrias del sector se manifestaron en contra.

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Argumentando que la propuesta de ley limitará la libertad fundamental para comercial a nivel local e internacional, las Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR), Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica y de Representantes de Casas Extranjeras (CRECEX), Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA) y la Asociación de Consumidores de Costa Rica, también se han sumado al grupo que rechaza la iniciativa.

José Manuel Hernando, presidente de la Cámara de Tostadores de Café, opina que “... actualmente el 80% del grano nacional se vende a muy altos precios en los mercados internacionales y el otro 20% queda para el mercado nacional. Ese 20% solo logra abastecer el 50% de la necesidad de materia prima del tostador nacional, el cual requiere importar el otro 50% de su materia prima, para así poder ajustar costos de producción, poder competir y ofrecerle al consumidor nacional variedades diferentes, ajustadas a todos los tipos de presupuestos familiares”.  De aprobarse la propuesta, los tostadores anuncian que en el futuro habrán obstáculos a la importación con el consecuente daño a su capacidad de competir con otros cafés que ya se importan y de llevar precios accesibles a gran parte de la población.

Yolanda Fernández, presidenta de la Cámara de Comercio de Costa Rica, opina que le "... parece abusiva y desproporcionada la manera cómo el ICAFE quiere que quienes comercializamos e importamos café, tengamos que hacer registros previos de nuestras negociaciones privadas y además pedir autorización para poder comerciar según nuestros contratos de precios con proveedores. Aún más grave es que el artículo 117, le da poder de policía a funcionarios del ICAFE para que invadan nuestra propiedad privada, confisquen producto, nos quiten unidades de transporte y demás activos, si es que no cumplimos con ese tipo de mandatos, siendo esos funcionarios, dependientes laboralmente de una junta directiva que es juez y parte en los conflictos y en clarísima violación a la libertad de comercio”.

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