BBB, A+, B-, CC, D... ¿AAA?

Lo más perverso del sistema de calificación de riesgo de crédito es que ha debilitado -¿deliberadamente?- la imprescindible capacidad de análisis de los inversores.

Martes 6 de Setiembre de 2011

Por Jorge Cobas González

El relevo del principal ejecutivo de Standard & Poors luego de que la agencia rebajara la calificación de la deuda soberana de EE.UU. revela la fragilidad de todo el sistema de calificación de riesgo.

Las calificadoras de riesgo están en la picota, especialmente a partir de episodios como la crisis hipotecaria del 2008 -o aún antes- el vergonzoso episodio de Enron. No las ayuda ahora que el mismo presidente de S&P fuera el fusible que debió saltar cuando se recalentó el sistema por la rebaja en la calificación sacrosanta de la deuda de los Estados Unidos.

Los directivos de las calificadoras insisten que ellas emiten solamente meras opiniones que no constituyen recomendaciones de inversión ni -menos aún- garantías sobre la calidad del crédito calificado. Y en parte tienen razón, porque sus advertencias en ese sentido acompañan todas y cada una de sus comunicaciones.

Lo que no dicen las calificadoras es que -por supuesto- no se oponen a que sus calificaciones sean consideradas imprescindibles por el sistema financiero, y que en muchos países -entre ellos Costa Rica- el crédito de las instituciones financieras y toda emisión de deuda en el mercado de valores organizado, deba estar calificado por una entidad calificadora autorizada. Entonces, cualquier administrador de inversiones puede justificar sus decisiones y las pérdidas de una mala inversión escudándose en que "las calificaciones de riesgo eran excelentes..."

Más allá de las culpas propias de las agencias calificadoras de crédito, hay que considerar el triste papel de las agencias gubernamentales supervisoras del sistema financiero, que se han descansado en aquellas en lugar de hacer -por sí mismas- su trabajo de fiscalización. Es una peligrosa expresión de la inclinación por la comodidad -y la irresponsabilidad- típica de muchos funcionarios públicos.

Y también es culpable el inversor fallido, al que le gusta que el Estado lo arrope y le cuide sus intereses, cuando es imprescindible ejercer criterio y responsabilidad propios, antes de decidir cualquier inversión.

Referencia: Artículo en El Financiero de Costa Rica, edición 5-11 de setiembre de 2011.

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