Apropiación legal, pero indebida

Usando su poder corporativo y aprovechando el vacío de poder que aqueja al Estado, una universidad pública de Costa Rica paga sueldos de país de primer mundo, exacerbando la desigualdad entre los costarricenses y distorsionando gravemente el mercado de trabajo.

Viernes 11 de Marzo de 2016

EDITORIAL

La degeneración de la democracia que está ocurriendo en muchos países latinoamericanos tiene como muestra calificada a Costa Rica, otrora ejemplo del mejor sistema para vivir en sociedad que haya alumbrado la historia.

El poder que actualmente detentan en ese país demasiadas instituciones estatales, quita sentido al concepto democracia, como “forma de organización social que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la sociedad”. Incluso el derecho al voto se transforma en un ejercicio inane, porque los elegidos por ese voto carecen de poder fáctico, maniatados de pies y manos por una telaraña de normas constitucionales, leyes, decretos, reglamentos, y otras disposiciones, generadas precisamente por y para el beneficio de los funcionarios del Estado.

La tutela de los “derechos” de los funcionarios estatales es eficaz, absolutamente eficaz. Pareciera que algunos funcionarios públicos costarricenses -antes que a ser eficientes en sus funciones- lo primero que aprenden es cómo hacer valer sus derechos a percibir cada año mejor sueldo, a aprovechar las ventajas para enfermarse, tomar vacaciones, asistir a capacitaciones, a tomar café desatendiendo sus tareas, e incluso a delinquir sin que lo alcance el brazo de la ley, dado que ese brazo es uno de los que está más atado por la maraña infernal de normas destinadas a protegerlos.

Ya no importa que determinado acto de un funcionario del Estado sea un ejemplo de falta de ética, puesto que en el 99% de los casos la excusa será “no está bien, pero es legal”. Y en el uno por ciento restante el castigo nunca llegará para el infractor, protegido por mil maneras de obstaculizar cualquier decisión judicial o administrativa dictada en su contra.

La publicación del diputado Otto Guevara de los sueldos pagados a los funcionarios de la Universidad de Costa Rica (UCR), es esclarecedora de esta verdadera apropiación -legal pero indebida- de los dineros recaudados entre la sociedad costarricense. Cuatro “Asistentes de enseñanza preescolar” percibieron respectivamente en setiembre de 2015 salarios de $4.700 (cuatro mil setecientos dólares), $3.600 (tres mil seiscientos dólares), $3.300 (tres mil trescientos dólares) y $2.640 (dos mil seiscientos cuarenta dólares).

Revise los listados de salarios de la UCR. Elija cualquiera de los meses (enero a setiembre 2015). Compare con salarios de la actividad privada. Descubra por sí mismo otros ejemplos de esta expoliación a la sociedad, que constituyen no solo una grave injusticia con los que no pueden acceder a esa piñata (en Costa Rica la población en pobreza supera el 20% del total), sino una cachetada a los que desempeñan actividades productivas -patrones y empleados- para poder ganar su sustento. Y salarios de ese nivel -no relacionados directamente con la productividad- influyen negativamente en el mercado laboral quitando competitividad a la producción real generada por la empresa privada.

Esto no ocurre solamente en la UCR. Sueldos desmedidos y totalmente desconectados con la productividad de quienes los perciben, se pagan en muchas instituciones estatales costarricenses, pero es mucho peor que esto ocurra en el ámbito académico, en una universidad estatal, donde se supone que debiera estar el refugio último de la razonabilidad y de la protección de los conceptos de justicia que deben regir en una democracia, y fundamentalmente, de la honestidad intelectual.

Los salarios de primer mundo que se pagan en demasiadas instituciones costarricenses son un grave obstáculo al desarrollo económico del país, y lo que es más grave, constituyendo una gravísima injusticia social, contribuyen a la degradación de la vida en democracia.

Ver: Sueldos en la Universidad de Costa Rica

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