Ambientalismo vs. desarrollo energético

El cambio en la matriz energética hacia fuentes renovables está en riesgo "debido a la conflictividad social y oposición sistémica al desarrollo que tanto necesita Guatemala".

Jueves 4 de Agosto de 2016

Del resumen ejecutivo del reporte "Impacto de la ingobernabilidad y oposición sistémica en las generadoras de energía eléctrica renovable y sus efectos socio económicos a nivel local y nacional en la actualidad y en el futuro 2015-2030":

No hay duda de la importancia de las energías renovables en el panorama futuro mundial. El peso y la responsabilidad de atacar el cambio climático recaen en este tipo de energías con toda razón: son eficientes, baratas, pero, sobre todo, amigables con el medio ambiente. En este entorno mundial favorable al sector, Guatemala ha logrado grandes avances desde el año 2012, cuando se plasma en el Plan de generación y transmisión de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) la hoja de ruta para diversificar la matriz energética, reducir el precio de la energía, mejorar la eficiencia y minimizar la emisión de gases de efecto invernadero (GEI).

Estos avances se encuentran en riesgo debido a la conflictividad social y la oposición sistémica al movimiento desarrollista que tanto necesita el país. Cada planta de generación renovable que no entre en línea impacta en la economía fuertemente: por cada 100 MW de energía que no entre en línea se pierde un 1% del PIB de beneficios para los agentes económicos en un período de 15 años; asimismo, en el mismo lapso se provoca un aumento de las emisiones de carbono hasta por 1.4 millones de toneladas métricas. Se pierden cerca de 68,000 plazas de empleo y el Estado deja de percibir impuestos hasta por Q780 millones.

Estos impactos no consideran otros beneficios adicionales que traen las energías renovables, como la generación de divisas, la mejora en indicadores locales y en la inversión pública municipal. Sin entrar en más detalles acerca de la industria en esta sección, sobra decir que la inversión en el sector de energías renovables ha superado las expectativas. La oferta se ha incrementado y la matriz se ha diversificado; la demanda, por otro lado, sigue creciendo a un ritmo sostenido, por dos razones fundamentales: primero, Guatemala mantiene, a diferencia de otros países, una tasa de crecimiento en torno al 4 % anual y, segundo, se encuentra en un proceso de urbanización.

Guatemala consume una tercera parte del promedio de América Latina de electricidad per cápita, lo cual se explica por una baja urbanización; sin embargo, en definitiva esto dejará de ser así en los próximos 15 años. Es por ello que, si bien se ha avanzado, no se puede decir que el problema eléctrico en el país esté resuelto. Hay mucho que perder en el futuro, de manera que visualizar los impactos de la conflictividad constituye un ejercicio que merece la pena realizar.

La conflictividad tiene dos aristas: una legítima, que surge con el reclamo racional de las poblaciones excluidas por el Gobierno de sus planes de inversión y atención pública; y otra ilegítima en la que, utilizando hasta métodos de enfrentamiento y actos criminales, se pretende detener y sabotear los esfuerzos desarrollistas.

En este caso, la ideología y los recursos de quienes manifiestan esta posición tienen una agenda clara. La parte legítima de la protesta se entiende mejor al conocer la geografía de la generación renovable. Es precisamente en aquellos departamentos con peores indicadores sociales donde más potencial de generación hay. Esta dicotomía no puede mantenerse en el tiempo: debe existir mecanismos mediante los cuales una parte de los tributos y el pago de impuestos de las empresas inversionistas regresen a las localidades.

En la actualidad, todo se destina al fondo común del Estado y muy poco o nada se dirige a las comunidades. El mecanismo de obras por impuestos ha mostrado ser exitoso en Perú, de tal manera que resulta recomendable una contextualización de este tipo de iniciativa a la realidad nacional, haciendo énfasis en la independencia del ente estatal rector de las inversiones e instituyendo una manera de atender las contingencias. El presente estudio consta de siete partes; de manera técnica y numérica se respaldan las conclusiones, recomendaciones y comentarios a lo largo del documento.

Ver estudio completo de CABI.



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