Con la entrada en vigencia de la Ley de Rótulos, las agencias que se dedican a brindar servicios de publicidad impresa estiman que, los costos de las vallas aumentarán en 30% a causa de los nuevos pagos de impuestos que deberán hacerse a las municipalidades.
Según la Asamblea, el objeto de la Ley es establecer el marco jurídico para regular la publicidad y propaganda que se realiza mediante rótulos ubicados en los municipios del país, basado en el ordenamiento y desarrollo urbano, sub urbano y rural, así como los avances tecnológicos.
En este escenario de crisis económica, caída de la recaudación fiscal y necesidad de financiar programas de reactivación, en Guatemala y Costa Rica ya se propone aumentar los impuestos actuales y crear nuevos.
Las autoridades guatemaltecas ya comienzan a discutir la política fiscal que aplicarán en 2021, año en que la economía deberá afrontar los efectos de la crisis económica que ha generado el brote de covid19.
Para acceder al crédito de $1.750 millones que pretende solicitar al FMI, el gobierno de Costa Rica propone gravar las transacciones financieras, aumentar el impuesto a las utilidades de empresas y personas, e incrementar el impuesto a los bienes inmuebles.
La tarde del 17 de septiembre y en el contexto de una severa crisis económica que ya venía gestándose desde antes del inicio de la pandemia, la administración Alvarado presentó el plan con el que pretende mitigar el impacto fiscal que tuvo la crisis del covid19, propuesta para negociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener un crédito de $1.750 millones.
En Costa Rica la administración Alvarado estaría considerando crear un impuesto sobre cada transacción que una persona o empresa realice a través de una entidad financiera, gravamen que desincentivará el ahorro y motivará a las personas a usar dinero en efectivo.
Para negociar un crédito de mediano y largo plazo con el Fondo Monetario Internacional, las autoridades costarricenses estarían planeando diseñar y crear un nuevo tributo, que consiste en que cada persona pague un impuesto de ¢3 por cada ¢1.000 en las transacciones que realice a través de un banco, financiera, mutual, puesto de bolsa o alguna otra entidad financiera.
La Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate un proyecto de ley que tiene como objetivo gravar en el país la venta y autoconsumo de cemento importado o producido a nivel local.
La iniciativa que a mediados de febrero fue aprobada en primer debate en la Asamblea y que aún está pendiente del aval del Poder Ejecutivo, establece que elimpuestoserá sobre elcementoimportado y producido a nivel nacional, en bolsa o a granel, para venta o autoconsumo, de cualquier tipo, cuyo destino sea el consumo y comercialización del producto a nivel nacional.
La Asamblea aprobó en primer debate un proyecto de ley que pretende gravar la venta y autoconsumo de cemento que sea importado o producido a nivel local.
La iniciativa establece que el impuesto será sobre el cemento importado y producido a nivel nacional, en bolsa o a granel, para venta o autoconsumo, de cualquier tipo, cuyo destino sea el consumo y comercialización del producto a nivel nacional, informó la Asamblea Legislativa.
Derivado de la reforma tributaria implementada en febrero de 2019, al inicio de 2020 se incrementaron los precios de las bebidas, principalmente las gaseosas comercializadas en envase de plástico.
En febrero del año pasado el régimen de Ortega aprobó la reforma a la Ley de Concertación Tributaria, que consistió en subir de 1% a 2% el impuesto sobre la renta para las empresas medianas de mayor renta, y para los grandes contribuyentes de 1% a 3%.
En Costa Rica el Ministerio de Hacienda propone aplicar el IVA a servicios como Netflix, Airbnb, Tinder, Skype, PlayStation Network y publicidad en redes sociales, entre otros.
De acuerdo a una resolución del Ministerio de Hacienda que debería estar en consulta en los próximos días, los emisores de tarjetas de crédito estarían obligados a recibir el impuesto del 13%.
Los industriales panameños consideran que el enfoque bajo el cual fue definido el nuevo impuesto de 7% a las bebidas gaseosas y 5% a las demás bebidas azucaradas, emplea medidas fiscales discriminatorias.
El 18 de noviembre se publicó en la Gaceta Oficial la Ley 114, denominada "Que crea el Plan de Acción para Mejorar la Salud y dicta otras disposiciones para establecer el impuesto selectivo al consumo de bebidas azucaradas y los criterios para su uso", el cual estipula un impuesto de 7% a las bebidas gaseosas, 5% para el resto de bebidas azucaradas y 10% para los jarabes, siropes y concentrados para la producción de bebidas azucaradas.
Se publicó en la Gaceta Oficial de Panamá una ley que establece un impuesto de 7% a las bebidas gaseosas, 5% para el resto de bebidas azucaradas y 10% para los jarabes, siropes y concentrados para la producción de bebidas azucaradas.
El 18 de noviembre se publicó en la Gaceta Oficial la Ley 114, denominada "Que crea el Plan de Acción para Mejorar la Salud y dicta otras disposiciones para establecer el impuesto selectivo al consumo de bebidas azucaradas y los criterios para su uso".
La administración Ortega rechazó la petición de los cafetaleros nicaragüenses, que solicitaban que el impuesto de un dólar por quintal exportado no se aplicara en la cosecha 2020-2021.
La decisión de comenzar a realizar el cobro a partir del próximo año fue publicada por el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific), en la edición de La Gaceta del 15 de octubre de 2019.
En República Dominicana la gremial de comercio electrónico anunció que presentará un recurso legal contra de la intención del gobierno de aplicar en 2020 un impuesto al uso de plataformas digitales.
La intención de la Cámara Dominicana de Comercio Electrónico (Cadolec), es frenar el cobro de impuestos a plataformas como Netflix, Spotfy, Airbnb y algunas otras más, por medio de un recurso de amparo que prevén presentar ante el Tribunal Superior Administrativo.
Las autoridades que asumirán el gobierno en 2020 en Guatemala podrían evaluar opciones para gravar de forma temporal algunos sectores, sin embargo, se correría el riesgo de que estos tributos se conviertan en permanentes.
Para el sector empresarial es preocupante que en Costa Rica sea constante la creación de nuevos tributos, tasas y cánones como solución fácil y rápida a los problemas que afectan al país, como sucede con el proyecto de ley que pretende gravar el uso del plástico.
El proyecto No. 21159 “Ley para solucionar la contaminación de residuos plásticos”, que fue presentado ante la Asamblea Nacional por la diputada del partido oficialista Paola Vega, contempla el cobro de un impuesto por la importación o nacionalización de insumos de plástico, por vender o consumir artículos de este material.
En Nicaragua las autoridades informaron que decidieron suspender el cobro de la tarifa adicional de $0,05 por cada kilogramo que se exporte o importe, vía aérea.
El cobro extra entró en vigencia el pasado 25 de abril, pero desde el inicio el sector privado se manifestó en contra, pues se argumentaba que la tarifa que aplicaría el gobierno nicaragüense, pondría al borde del cierre a algunas empresas locales y provocaría una baja de cerca de $50 millones anuales.