A 12 años de haberse instalado en Guatemala y luego de múltiples pugnas por la no renovación de su mandato, a partir de hoy la Comisión Internacional contra la Impunidad deja de funcionar.
En Agosto de 2007 el Congreso de la República aprobaba la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la cual llegó al país con la misión de investigar a las estructuras criminales que operan a lo interno de las instituciones gubernamentales, trabajo que hizo en asociación con el Ministerio Público.
Luego de que el presidente salvadoreño anunciara la posible instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad, el sector empresarial pidió "evaluar las experiencias de Guatemala y Honduras".
Luego de que Bukele informara que antes de sus 100 días de gobierno presentará una propuesta para instalar una comisión internacional en el país, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) opinó que es indispensable cumplir la ley y que debe existir una real voluntad política de combate a la corrupción.
Para Moody’s la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad debilita los esfuerzos por mejorar el Estado de Derecho en un país con altos niveles de corrupción.
La decisión del presidente Morales de poner punto final al mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), constituye para Moody's un revés para el país, debido a que la corrupción sigue siendo generalizada y la institucionalidad aún es frágil.
Después que el presidente Morales decidiera poner punto final al mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad, la Corte de Constitucionalidad suspendió la decisión del gobierno guatemalteco.
El pasado 7 de enero el gobierno guatemalteco dio por finalizado el convenio entre el país centroamericano y Naciones Unidas, y estableció un plazo de 24 horas para que la Comisión dejara de funcionar.
Argumentando que "ha violado derechos humanos en Guatemala a través de una justicia selectiva y parcial", el presidente Morales decidió poner punto final al mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad, de la Organización de Naciones Unidas.
A más de diez años del inicio de funciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la administración Morales anunciaba en 2018 que no renovaría ante Naciones Unidas el acuerdo que da vida a la institución foránea dedicada a la investigación criminal.
Argumentando que es hora de "fortalecer las instituciones del Estado", el presidente Morales anunció que no renovará el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad, cuyo periodo vence dentro de un año.
La polémica decisión del gobierno guatemalteco, que fue anunciada durante el fin de semana, se fundamenta, según Morales, en que después de diez años de trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), llegó el momento de transferir sus capacidades al Estado.
Con la decisión del Congreso de no retirarle la inmunidad al presidente Morales, se le impide al Ministerio Público y a la Cicig continuar la investigación por financiamiento electoral irregular.
Tal como se esperaba, el congreso guatemalteco decidió votar en contra de la solicitud de antejuicio planteada por el Ministerio Público para retirarle la inmunidad a Jimmy Morales.
La Corte Suprema de Justicia aceptó dar curso a la solicitud de antejuicio presentada por el Ministerio Público y Cicig en contra del presidente, y ahora los diputados deberán comenzar la investigación.
la crisis política que afecta al país se acentuó en las últimas horas con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de enviar al Congreso el expediente de solicitud de antejuicio.
La Corte Constitucional suspendió de forma definitiva la orden del presidente Jimmy Morales de expulsar del país al líder de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.
"... Actuar sin el acompañamiento de sus ministros, como ordena la Constitución, incongruencia en las fechas y no utilizar el proceso para resolver controversias establecido en el acuerdo entre el Gobierno de Guatemala y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) son las principales razones por las que la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó ayer la suspensión definitiva de la expulsión del país de Iván Velásquez, jefe de la Cicig."
Ya son cuatro las solicitudes de antejuicio presentadas en contra del presidente Morales, luego de que éste solicitara expulsar de Guatemala al líder de la Comisión Internacional contra la Impunidad.
EDITORIAL
En menos de una semana se presentaron una serie de acontecimientos que al día de hoy tienen en vilo al país. El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) presentaron una solicitud de antejuicio contra el presidente Morales por supuesto financiamiento electoral ilícito; Morales declaró al Comisionado de la Cicig, Iván Velásquez, persona non grata, y solicitó su expulsión del país. En respuesta a esto, se han presentado otras tres solicitudes de antejuicio en las últimas horas.
El monto pagado a la Superintendencia de Administración Tributaria corresponde a tributos defraudados, más multa e intereses.
El artículo en Lahora.gt reseña que el Superintendente de la SAT, Juan Francisco Solórzano, señaló que "... Es el pago más grande que ha hecho cualquier entidad, con relación a lo que se le hayan hecho ajustes o se le haya demandado como origen de un proceso judicial con el cual se estaba dando una defraudación de impuestos o tributaria."
Proponen crear un impuesto especial y temporal a patrimonios que superen un monto determinado para financiar la operación del Ministerio Público contra la impunidad y actos de corrupción en el Estado.
Iván Velásquez, jefe de Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), considera que es necesario pasar "...del discurso anticorrupción a la acción", por lo que propone, junto al Ministerio Público, crear un nuevo impuesto que fortalezca el presupuesto de la institución en su lucha contra la impunidad y la corrupción.
Una red integrada por empresarios y funcionarios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, acordaba precios de compra de medicinas y la lista de empresas que podían participar en las contrataciones.
El jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, explicó en conferencia de prensa que la red desarticulada estaba compuesta por "...
El expresidente guatemalteco deberá enfrentar el juicio por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera.
El juez Miguel Angel Gálvez dictó auto de procesamiento contra el ex presidente Otto Pérez Molina, luego de analizar la evidencia presentada por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig).
Para el sector privado la decisión del presidente Pérez Molina de no renunciar a su cargo deteriora aún más la imagen del país, en momentos en que la economía muestra señales de estabilidad.
Así como la decisión de realizar la investigación por parte del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) fue aplaudida por el sector empresarial guatemalteco, la decisión del presidente de permanecer en su cargo genera repudio y gran preocupación, principalmente por el impacto negativo que tiene sobre el país como destino de inversiones extranjeras.