Seguridad jurídica en duda

La decisión de la Asamblea Legislativa de no avalar el proyecto de ley que pretende aprobar el contrato entre el gobierno y Minera Panamá, evidencia la fragilidad de los contratos entre el Estado panameño y las empresas.

Martes 4 de Junio de 2019

Las trabas al proyecto minero datan de varios años atrás, pues la disputa legal comenzó en 2009, cuando el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) interpuso un recurso de inconstitucionalidad en contra del contrato que otorga una concesión por veinte años para explotar y comercializar los yacimientos de oro, cobre y otros recursos minerales del Cerro Petaquilla.

En octubre de 2018 el contrato Ley 9 del 25 de febrero de 1997 fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia y según argumenta el fallo judicial, la concesión no representaba los mejores intereses para el Estado.

Ver "Fallo judicial en contra de minera" y "Seguridad jurídica cada vez más frágil".

El tema volvió a la mesa recientemente, pues el pasado 29 de mayo, luego de que la discusión llegara a la Asamblea Nacional, la Comisión legislativa de Economía y Finanzas rechazó en su totalidad el contrato entre el Estado y la Sociedad Minera Petaquilla S.A, actualmente Minera Panamá, argumentando que es "lesivo para el país".

Nelson Jackson Palma, diputado presidente de esta instancia legislativa, señaló que las diferentes comunidades que están dentro y en las áreas adyacentes a la mina se encuentran en extrema pobreza y hasta ahora no les ha llegado ningún beneficio, por lo que es necesario revisar con mayor detenimiento este contrato, explica un comunicado de la Asamblea.
Ver comunicado completo.

El presidente electo, Laurentino Cortizo, tendrá que hacerle frente a esta disputa. En relación al tema, explicó a Telemetro.com que "... 'Se va a examinar, la revisión no debe tomar demasiado tiempo, son contratos que tienen su periodo. Consideramos lo correcto que el nuevo gobierno le toque esa responsabilidad, es importante, en estos momentos hablar de pasar a tambor batiente ese contrato no es bueno'."

Cortizo añadió que "... se respetará el tema de la seguridad jurídica, pero advirtió que las empresas tienen que respetar el derecho de revisar clausula por clausula el cumplimiento de los contratos."

El sector empresarial rechaza estas decisiones. Al respecto Jorge Juan de la Guardia, presidente de la Cciap, dijo a Elcapitalfinanciero.com que "... 'Uno de los principales activos de Panamá, y que ha sido herramienta para atraer el capital internacional, es su seguridad jurídica; pero estas decisiones envían un mensaje equivocado a los inversionistas locales y particularmente a los de otras latitudes'.

Ver nota de Elcapitalfinanciero.com "Asamblea Nacional pone en peligro la estabilidad económica y la atracción de inversión extranjera" y la de Telemetro.com "Cortizo revisará contrato con Minera Panamá 'respetando la seguridad jurídica'".

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Argumentando que no se cumplió con los principios básicos de contratación pública, en Panamá declararon inconstitucional el contrato entre el Estado y la sociedad Minera Petaquilla.

La disputa legal comenzó en 2009, cuando el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) interpuso un recurso de inconstitucionalidad en contra del contrato que otorga una concesión por veinte años para explotar y comercializar los yacimientos de oro, cobre y otros recursos minerales del Cerro Petaquilla.

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