Sanciones por negar información pública

Los funcionarios estatales no son dueños de la información que gestionan, y cuando esa información no haya sido legalmente declarada como reservada, debe asegurarse su disponibilidad al público.

Lunes 18 de Abril de 2016

EDITORIAL

Y disponibilidad quiere decir que las instituciones públicas deben tener todos los caminos allanados para su obtención, tanto en lo administrativo como en lo técnico.

Es frecuente que los funcionarios estatales pongan barreras administrativas al libre acceso a la información pública, en forma de largos procesos burocráticos que incluyen a veces hasta el llenado de formularios que incluyen la insidiosa pregunta sobre el uso que se dará a la información.

Una barrera muy frecuente para el acceso a información pública es el costo pecuniario que imponen algunas instituciones públicas. Este costo es fijado a veces arbitrariamente imaginando un eventual beneficio del uso de esa información, y otras veces aduciendo costos materiales para su entrega.

Por último, demasiadas veces la barrera es el formato en que se guardó la información, y eso ocurre en especial con información digitalizada, la entrega de la cual muchas veces depende del humor y buena o mala voluntad del funcionario informático que determina arbitrariamente el formato de los datos requeridos.

Todas estas barreras atentan contra la transparencia y la menor gestión de los recursos de una economía, toda vez que la información pública es vital para la toma de decisiones empresariales para la generación de bienes y servicios adecuados a la realidad.

Y todas esta barreras fomentan en Centroamérica el mercado negro de información pública, favoreciendo la corrupción de los funcionarios estatales que disponiendo de acceso a ella, la venden a los mejores postores.

La información pública debe estar disponible en tiempo, forma y sin costos o con costos mínimos. La entrega de información pública no debe ser considerada una tarea accesoria ajena a los objetivos fundamentales de cada institución, sino la forma principal de rendir cuentas a los contribuyentes, y es responsabilidad de los jerarcas de todo organismo estatal que esto se cumpla.

En El Salvador, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) es un ejemplo de cómo se deben direccionar los esfuerzos del Estado para garantizar a los ciudadanos el acceso expedito a la información pública. Y el artículo sobre el tema en Elsalvador.com reseña las dificultades de la IAIP para hacer realidad el concepto.

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