La Sala Constitucional rechazó la acción en contra de la Ley General de Concesión de Obra Pública y el contrato para la concesión del diseño, construcción y operación de la terminal de contenedores de Moín (TCM), presentada por el Sindicato de Trabajadores de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Sintrajap).

Para Sintrajap, la concesión de la TCM debía ser aprobada por la Asamblea Legislativa. Sin embargo, la resolución emitida por la Sala mantiene en firme el contrato firmado en 2012 entre el Estado y APM Terminals para la construcción y operación del megapuerto.

La Sala “sustentó su resolución en que el último párrafo del inciso 14, del artículo 121 de la Constitución Política “no prohíbe la concesión especial otorgada por tiempo limitado o mediante otra ley”, reseña el artículo de Nacion.com.

De acuerdo con el gerente general de APM Terminals, Rogelio Douglas, la resolución permitirá iniciar la construcción del megapuerto en el primer trimestre de 2014 e iniciar operaciones en el 2016. El funcionario agregó que los obstáculos que han tenido que enfrentar provocaron un incremento en el precio de la obra que inicialmente se calculó en $1.000 millones.

Fuente: Nacion.com

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