El sector privado recomienda a la Contraloría que refrende el contrato suscrito con el consorcio CL2 para poder comenzar una obra imprescindible para el desarrollo del país.
Martes 1 de Setiembre de 2015
Del comunicado de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá:
En la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá reconocemos que la Contraloría General de la República ha actuado con determinación, recuperando la credibilidad de la ciudadanía en su gestión fiscalizadora de la administración de los fondos públicos, promoviendo la transparencia.
La semana pasada, luego de un exhaustivo análisis por parte de las direcciones de Asesoría Económica, Asesoría Jurídica, Fiscalización y de Ingeniería de la Contraloría, se refrendó el contrato para la construcción del Proyecto de Renovación Urbana de Colón. Aspiramos a que, luego de rigurosa revisión, el contrato para la construcción de la Línea 2 del Metro de Panamá, sea igualmente refrendado; nuestra Institución estuvo representada en su proceso de evaluación, por lo que tenemos certeza en su adjudicación.
La puesta en marcha de ambos proyectos del Plan de Inversión Pública es impostergable por el impacto directo que tienen en la calidad de vida de más de 25 mil colonenses y 500 mil ciudadanos del sector Este de la ciudad de Panamá que se beneficiarán de la segunda fase del Metro. Lo anterior, sumado a las miles de plazas de empleos que generarán las obras, con su consecuente dinamización de la economía.
Ambas obras fueron adjudicadas en apego a las legislaciones vigente y la Contraloría se ha asegurado de que cuentan con las suficientes garantías de ejecución, finalización y cumplimiento de las propuestas ganadoras, velando por los mejores intereses del país.
Para brindar mayor credibilidad y transparencia a los procesos, hemos presentado nuestras recomendaciones para la modificación de la Ley No. 22 de 2006, que regula los procesos de contratación pública, las cuales esperamos sean acogidas. Insistimos en que los procedimientos de selección de proveedores mediante las contrataciones públicas no solo deben ser independientes y transparentes, sino que también deben percibirse así.
Confiamos en que la voluntad política de las autoridades, seguida muy de cerca por el pueblo, permitirá que nuestro país empiece a recuperar la confianza en aquellas instituciones llamadas a velar por la transparencia y la rendición de cuentas, y que en el pasado se abstuvieran de cumplir con esa función y hacer cuestionamientos.
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Una resolución gubernamental establece que si el Estado quiere diferir los pagos al contratista del proyecto, podrá hacerlo 60 días antes de los 90 días de presentación de la gestión de cobro.
De la resolución del Ministerio de Economía y Finanza de Panamá, publicada en La Gaceta:
El Ministro de Finanzas entrante anuncia que se revisarán las licitaciones de la hidroeléctrica Chan II y de la Ciudad Gubernamental, y la política de mezcla de etanol en la gasolina.
Además se ajustaría la fórmula de paridad para el cálculo del precio del combustible eliminando barreras a la importación de combustibles y se implementarían cambios en las modalidades y formas de pago en los proyectos estatales.
En los últimos días de una administración signada por los escándalos y la ineficiencia en obras de infraestructura, es notorio el apuro por ejecutar contratos pendientes, y aún por extenderlos sin concursos o licitaciones.
Vecinos de la capital San José observan extrañados cómo se realizan trabajos de repavimentación en calles que aparentemente están en buen estado.
Hacer valer judicialmente un contrato en Guatemala demora 1.402 días, en Honduras 920, en Costa Rica 852, en El Salvador 786, en Panamá 686, y en Nicaragua 409.
Los datos son los del informe Doing Business 2014 del Banco Mundial.
La extrema dificultad para hacer cumplir los contratos por la vía de los sistemas de administración de Justicia es un mal endémico en América Latina, que, como se señala en el artículo de Andrés Oppenheimer en Miamiherald.com, contribuye "a desacelerar el crecimiento económico".
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