Fuente: Cementos Progreso

Ciudad de Guatemala, 29 de octubre de 2009. Cementos Progreso, S.A. confirma, en base al informe de la Comisión Nacional Extraordinaria por la Transparencia del Congreso de la República, que se ha cumplido con todos los requisitos que las leyes de Guatemala exigen para llevar a cabo el proyecto San Juan. No existen argumentos legales para oponerse al proyecto San Juan y que se han cumplido con los requisitos establecidos en la ley, indicaron en su informe los miembros de la Comisión Nacional Extraordinaria por la Transparencia.

El proyecto San Juan está conformado por 3 partes: una fábrica de cemento, una carretera de uso público que comunicará a San Juan Sacatepéquez con la carretera Interamericana, así como el apoyo a los planes de desarrollo de las comunidades cercanas al proyecto y a la Municipalidad de San Juan Sacatepéquez.

No existe daño al medio ambiente
El Estudio de Impacto Ambiental, que fue aprobado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, cuenta adicionalmente con auditorías efectuadas por la empresa finlandesa Poyry, otra por la Municipalidad de San Juan Sacatepéquez y la realizada por una experta de la ONU, contratada por la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos. Todas confirman que se han cumplido las normas y que se han planificado las medidas de mitigación necesarias para minimizar los impactos ambientales de la futura fábrica de cemento, instalaciones que aún no se han construido, y por ende, es imposible que su operación esté afectando el medio ambiente en la zona.

Los Ministerios de Energía y Minas y el de Ambiente y Recursos Naturales informaron que el agua que la empresa tiene previsto utilizar cuando inicie sus operaciones, se usará únicamente para el proceso de enfriamiento de equipos y para uso del personal que labore en la fábrica, punto que fue confirmado por los miembros de la Comisión en una visita realizada a la Planta San Miguel, la cual opera actualmente en Sanarate, El Progreso.

Adicionalmente, los miembros de la Comisión informaron que no existen interacciones entre las fuentes de aguas superficiales y/o aguas subterráneas de las comunidades y del área donde será construida la fábrica. Por lo que, en ningún caso ni el suministro ni la calidad del agua que utilizan las comunidades se verán afectados por las operaciones de la futura fábrica de cemento.

Sobre la Salud
La fábrica no ha sido construida, por lo que no puede concluirse que alguna afección a la salud de los habitantes de la región se deba a las operaciones de la misma. Otro aspecto que da a conocer el informe es que la calidad del aire no se verá afectada debido a que en todas las etapas del proceso se utilizarán supresores de polvo y filtros de alta densidad, debido a la tecnología de punta que utilizará dicho proyecto.

Reforestación
Los miembros de la Comisión Nacional Extraordinaria por la Transparencia confirmaron que existe un proyecto intensivo de reforestación en la finca donde se construirá la fábrica, con especies propias de la región como pino y ciprés. Asimismo verificaron que en la finca existen más de 500,000 árboles sembrados. También observaron las acciones realizadas durantes los últimos dos años, con las cuales se han sembrado más de 139,000 y se han donado más de 260,000 árboles para colaborar con la urgente reforestación del municipio.

Socialización y Diálogo
El proyecto San Juan se ha dado a conocer a diferentes sectores de la sociedad, con mayor énfasis a los habitantes de las comunidades vecinas. Como resultado más de 4 mil vecinos de San Juan Sacatepéquez han ido a conocer las operaciones de la planta San Miguel en Sanarate y se les ha dado a conocer el proyecto San Juan.

La empresa Cementos Progreso ha sido participante activa de los espacios de diálogo que se han generado para resolver el conflicto, y sigue abierta a dialogar, a aclarar ideas equivocadas y a buscar soluciones. Participó por más de un año en la Mesa de Diálogo, convocada por el Gobierno y facilitada por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, en la cual se llegaron a firmar varios acuerdos que después no se implementaron, por negativa de los opositores al proyecto.

Los miembros de la Comisión Nacional Extraordinaria por la Transparencia recomendaron que el Gobierno de la República reinstale un sistema de diálogo con la participación de líderes indígenas, de los miembros de los Concejos Comunitarios de Desarrollo y de las autoridades democráticamente electas tales como la Alcaldesa y los Concejales, el cual debe orientarse a brindar información sobre todas las implicaciones del proyecto integral de la cementera, la forma en que se llevarán a cabo los procesos, las medidas de prevención y mitigación del impacto ambiental de la construcción y funcionamiento de la planta, además de los beneficios que recibirá el Municipio.

Cementos Progreso considera que es importante que esta recomendación se tome en cuenta a la brevedad posible, ya que se ha buscado la forma adecuada que permita informar a las comunidades sobre las realidades y beneficios del proyecto y la conciliación de intereses que lleven a un trabajo conjunto que fortalezca en su misión de compartir sueños y construir realidades.

Por último Cementos Progreso, solicita al Gobierno garantizar la seguridad de las personas y el Estado de Derecho necesario para realizar esta inversión tan importante para el país y su desarrollo. No existen argumentos legales ni medioambientales para oponerse a la instalación de la planta de Cemento y poder generar así beneficios para el municipio de San Juan Sacatepéquez, indicó Jorge Lemcke, Gerente General de Cementos Progreso.
Cementos Progreso es una empresa guatemalteca con más de 110 años de actividades en el país. Es respetuosa de las leyes, invierte en el país y genera empleos directos e indirectos, además de pagar impuestos. Cementos Progreso, como cualquier otra empresa, requiere que el Estado mantenga las condiciones necesarias de respeto al Estado de Derecho y las garantías constitucionales para seguir invirtiendo y generando empleo, tan necesario para el país.