El gobierno salvadoreño pretende lograr apoyos en Canadá en su litigio contra Oceana Gold, la empresa de capitales australianos y canadienses que comprara Pacific Rim, que había demandado al El Salvador por $301 millones porque no lo otorgaron los permisos para explotar una mina de oro en el Norte del país.

Sin embargo, los representantes salvadoreños ni siquiera han logrado entrevistarse con ningún representante del Gobierno canadiense.

El artículo en Elmundo.com.sv reseña que esto pone en relieve "... la política del Gobierno del primer ministro canadiense, Stephen Harper, que en los últimos años ha ordenado a sus embajadas que conviertan en una prioridad la promoción y defensa de las empresas mineras del país, una política criticada por partidos de la oposición y organizaciones sociales. Este enfoque de la política exterior canadiense se suma a la decisión de Harper de retirar a Canadá del Protocolo de Kioto, y rebajar la protección medioambiental en el país, para permitir el desarrollo sin cortapisas de su sector extractor, principalmente en el terreno petrolero."

Las inversiones mineras de canadienses en Centroamérica son relevantes, y los gobiernos de la región deben tomar en cuenta la postura canadiense en la implementación de sus políticas de explotación de recursos minerales.

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Del comunicado de OceanaGold:

Melbourne, OceanaGold Corporation (TSX / ASX / NZX: OGC) (la "Compañía") ha sido informada de que el tribunal de arbitraje constituido por el Centro Internacional del Banco Mundial para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones ("CIADI") ha fallado a favor del Gobierno de El Salvador (el "Gobierno") en su disputa con una

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